viernes, 18 de noviembre de 2011

PASE A PLANILLAS DE LOS CAS...Un desafío para el actual gobierno

Por: Jesús Carrasco Mosquera
Hace unos días en diversos medios periodísticos ha trascendido la noticia relacionada a la incorporación masiva de trabajadores CAS a la planilla del Estado. Se trata de un proyecto de Ley del congresista Julio Gagó quien plantea la derogación definitiva del DL 1057, y el pase automático de todos los trabajadores CAS a los regímenes laborales público (DL 276) y privado (DL 728), según corresponda en cada entidad estatal. Indudablemente se trata de una buena noticia y ciertamente no es el único proyecto de Ley que apunta hacia el mismo horizonte, pero como siempre, ante una buena nueva nunca faltan los detractores y opinólogos que sin conocer la real magnitud del problema, se atreven a afirmar que la norma es inviable, antitécnica, y hasta populista. Veamos si todo esto es cierto.

En principio, conviene recordar que la solución al problema de los trabajadores afectados por el régimen del Contrato Administrativo de Servicios, fue un ofrecimiento de campaña del Presidente Humala y su actual partido de gobierno, en razón de las innumerables críticas a este ilegal contrato, y sobretodo por la sentencia del Tribunal Constitucional expedida el 09.Set.10 (Exp. 002-2010-PI/TC) que dispuso que el CAS es un régimen especial de inobjetable carácter LABORAL, la misma que si bien confirmó la constitucionalidad del DL 1057 resulta hoy irrelevante ya que dicho fallo probablemente respondió a intereses políticos del gobierno anterior (quien fue  el autor de la norma en cuestión). Prueba de ello fue la andanada de críticas que recibió la referida sentencia y los posteriores votos singulares de algunos de sus magistrados (Eto Cruz y Beaumont Callirgos) quienes se vieron obligados a apartarse de la sentencia inicial y a exhortar al Congreso y Ejecutivo la adecuación del DL 1057 a la Constitución, incorporándosele el necesario carácter de TRANSITORIEDAD y en modo progresivo los demás derechos económicos que se perciben en los regímenes generales.

En ese sentido, es evidente que la solución del problema del CAS pasa inobjetablemente por darle un final a la intolerable situación de desigualdad en que se encuentran todos los servidores que ya vienen laborando bajo este contrato. Esto implica primero, disponer su pase a planillas de su respectiva entidad de manera automática para todos aquellos que superaron en su oportunidad sus respectivos concursos públicos de méritos, y de manera progresiva, previa evaluación del mérito, para aquellos que no accedieron por concurso  a la entidad, todo ello en cumplimiento al principio del Meritocracia y Capacidad previsto en el DL 1023[1]. Así, deberán pasar al régimen laboral público (DL 276) en aquella entidad donde rija dicho sistema (PCM, MINEDU, MINSA, Etc.), o al de la actividad privada (DL 728) donde predomine dicho régimen (INDECOPI, TC, PJ, MP, SUNARP, SUNAT, Etc) o coexista con el público. Quien no demuestre haber superado el principio del mérito, evidentemente no podrá pasar a la planilla estatal.

La segunda medida urgente que debe tomarse es, en caso no se quiera derogar al DL 1057, y que es la misma receta que le recomendamos al Tribunal Constitucional cuando sustentamos la inconstitucionalidad de la norma, es la adecuación del CAS a la Constitución como un verdadero régimen especial, sino es por la naturaleza de las cosas[2], por la naturaleza de su tiempo, debiendo incorporársele un plazo máximo o tiempo límite de vida (improrrogable y que no deba exceder de 02 años), luego del cual dicho trabajador pueda acceder a la planilla regular de la entidad estatal. Solo de esta forma el Contrato Administrativo de Servicios podría mantenerse en el aparato público sin que siga colisionando con la Carta Magna, aunque indudablemente, la aspiración natural sería la derogación definitiva de la norma y la expulsión del CAS de nuestro sistema laboral.

Cualquier proyecto de Ley que recoja estas precisiones y recomendaciones será válido y resolvería el problema de más de 130 mil trabajadores afectados[3] y sus familias. ¿Qué implica un costo alto al erario? No necesariamente, ya que dichas remuneraciones ya están presupuestadas, y en todo caso resultará una inversión para el Estado ya que es su obligación resolver el desorden y la problemática del empleo público en nuestro país. Todo un desafío para el actual gobierno.


[1] Los artículos III y IV del DL 1023 dispone que todo ingreso o permanencia en el sector público deberá cumplirse con los principios del Mérito y Capacidad.
[2] Está probado que el CAS no regula inactividad especial determinada, sino todo tipo de actividades, por lo que el DL 1057 no se condice con el Art. 103 de la Constitución. (Primer párrafo)
[3] Según cifras oficiales de Essalud.

BONUS TRACK-INVITACIÓN:
Se invita a todos los lectores de este humilde blog a sintonizar el día Domingo 20.11.11 a horas 8.15am el programa La Semana en RTP Televisión (Canal 7) con María Jesús Gonzalez, donde se abordará la problemática del CAS y el desafío del gobierno en corregirlo. Este servidor ha sido invitado a participar.

2 comentarios:

  1. Pamela Zárate Carpio.19 de noviembre de 2011, 23:27

    Que se derogue el CAS!!.. así como la Ley N° 27360!! Que la tan mencionada Ley General de Trabajo sea realmente "general" y no discrimine a los trabajadores de los regímenes especiales...cómo terminará esto? veremos el final en este gobierno? ...Esperemos que sí.

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  2. Que se elimine completamente dicho regimen y pasemos a planilla. Y que se haga justicia.

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