miércoles, 16 de noviembre de 2011

¿Y QUE HACEMOS CON EL RÉGIMEN CAS?

Por: Jesús Carrasco Mosquera
Hace poco menos de un año, a propósito de la expedición de la sentencia del Tribunal Constitucional en el proceso de inconstitucionalidad contra el DL 1057 en la que declararon Infundada nuestra demanda (Exp. 002-2010-PI/TC), dijimos en esta misma columna que el debate sobre el contrato administrativo de servicios no estaba cerrado, como aparentemente nos indicaba dicha sentencia, y advertimos que pese a la confirmada constitucionalidad del régimen CAS, subsistía la necesidad de resolver los problemas de fondo, introduciendo legislación de complemento destinada a incorporar cuotas porcentuales de aplicación del contrato y un trasvase progresivo de los beneficios sociales que gozan los otros dos regímenes generales (DL 276 y DL 728).

El gobierno saliente en su último día de gestión (27.07.11) publicó el Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM, mediante el cual introdujo algunas modificaciones al Reglamento del CAS, siendo las principales la regulación del derecho a la libre sindicalización y de huelga, los cuales ya habían sido ordenados por el TC acogiendo un planteamiento contenido en nuestra demanda de inconstitucionalidad. Las demás disposiciones de esta norma, en puridad, no dicen mucho, ya que solo se remiten a incorporar beneficios menores (Permiso por Lactancia, licencia por Paternidad y Fallecimiento, Etc), y a reiterar aspectos ya contemplados en el primigenio reglamento, como son vacaciones de 15 días, despido unilateral compensado (hasta un máximo de 02 remuneraciones) y el carácter permanente del contrato (dice que es de plazo determinado, empero insisten en la prórroga indefinida), es decir mas de lo mismo.  

Aparentemente el gobierno saliente intentó despedirse de los servidores CAS con un regalo por Fiestas Patrias, pero olvidó que sus expectativas y los cuestionamientos al contrato eran mucho mayores, incluyendo sus propias obligaciones, ya que el Ejecutivo obvió regular la fijación de límites porcentuales o cuotas para la contratación por CAS en sus entidades públicas, así como la incorporación progresiva de beneficios sociales a dicho régimen, mandatos contenidos en la misma sentencia del TC, que de haberlos recogido hubieran resuelto buena parte de la problemática de este cuestionado sistema de contratación.

Entonces la pregunta planteada como título del presente artículo aun sigue vigente, y corresponde al presente gobierno absolverla y decidir Si continuamos con este régimen de contratación ausente de derechos y beneficios, con su necesario reencauce constitucional aplicándole correctivos básicos que lo conviertan en un verdadero régimen especial, o Derogamos del todo la norma, y ponemos fin a este sistema. Las dos vías son válidas, ya que ambas apuntan a la solución del problema de fondo que es eliminar la irrazonable diferenciación que existe entre un servidor CAS y otro trabajador de cualquier régimen general, pero nos inclinamos por la primera opción.  

Consideramos que el régimen del CAS, como bien lo dijimos oportunamente en nuestra demanda, debe tener necesariamente un componente de transitoriedad para que calce a la perfección con la Constitución y con el carácter especial que el DL 1057 le concedió, y es deber del actual gobierno imponerle, vía modificación legislativa, un plazo o límite máximo de duración a dicho contrato, que en principio podría ser de dos (02) años, luego del cual aquel servidor CAS pueda gozar los beneficios y derechos que aun no goza o acceder directamente a uno de los regímenes generales predominantes en la entidad pública en la que trabaja (DL 276 ó DL 728), previa evaluación del mérito evidentemente, esto en fiel armonía con el Principio de Progresividad de los Derechos Sociales.

No olvidemos que, hace pocos meses, el magistrado Eto Cruz del TC, coincidiendo con nuestro razonamiento, advirtió en un valioso voto singular recaído en un nuevo proceso de inconstitucionalidad (Exp. 0010-2010-PI/TC), que no existe justificación constitucional alguna de parte del Estado que sustente la necesidad de la creación del CAS, y mas aun que, dicho régimen es esencialmente transitorio, un enlace entre una situación de abierta inconstitucionalidad (SNP) y un régimen de plena constitucionalidad, siendo ésta su única justificación.

Incorporarle al CAS los derechos y beneficios que su ley no contempla, terminaría por crear en los hechos un tercer régimen general, el que sumado a los dos ya existentes, generaría un mayor desorden en la política laboral pública, por ello conviene más que derogar dicho régimen, convertirlo en un estatus laboral eminentemente transicional, lo que a su vez serviría para que el contrato administrativo de servicios, por fin, adquiera la condición de un verdadero régimen especial, si bien no por la naturaleza de las cosas, sino por razón de su temporalidad. Presidente Humala ya tiene usted la receta.
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Este artículo fue publicado en diario EXPRESO (07.08.11) y EL PERUANO (08.09.11)
Links:
http://www.expreso.com.pe/blog/tribuna-medica-30
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia.aspx?key=W+mVbHT/dMQ=

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