lunes, 16 de abril de 2012

DEL CAS AL CAS-CARON

                                           (*) Jesús Carrasco Mosquera
Pese a todas las advertencias y críticas expresadas en las últimas semanas, finalmente el Presidente Humala decidió promulgar la “Ley de Eliminación Progresiva del CAS” aprobada por el Congreso de la República el mes pasado, convirtiéndola en la Ley 29849 publicada en El Peruano el pasado Viernes Santo 05.04.12. Lamentablemente el día santo no espantó el aura de malignidad que ya contenía la norma promulgada, la misma que ya se nos adelantaba con el apocalíptico número de ingreso con el cual fue registrado el primigenio proyecto de ley del Poder Ejecutivo: 666-11.

Como bien advirtiéramos semanas atrás en sendas columnas publicadas en esta misma tribuna, la promulgada Ley 29849 en puridad no elimina absolutamente nada, por el contrario, maliciosamente extiende la vigencia del régimen del Contrato Administrativo de Servicios-CAS regido por el DL 1057 hasta el año 2013 (sin precisar en qué mes empezará a eliminarse), y anuncia su eliminación a partir de la implementación de un novísimo y desconocido Régimen del Servicio Civil-RSC, sobre el cual la norma no ha precisado en que va consistir o cual va ser su forma de acceso, es decir anuncia la creación de un “nuevo” régimen de contratación ausente de contenido y de una mínima regulación legal, lo que en buena cuenta significa que del CAS pasaremos a un régimen CASCARON, claramente inconstitucional y con altas probabilidades de que ésta se siga haciendo permanente.

Suponemos que este nuevo régimen de servicio civil será regulado por el próximo decreto supremo que reglamentara la norma, lo que significa que el mismo resultara  inconstitucional porque pretende derogar un régimen laboral que es regulado por ley (DL 1057) a través de una norma de inferior jerarquía, lo que contraviene el artículo 51 de la Constitucion. El gobierno tampoco advierte que su Ley 29849 resulta inconstitucional además porque incumple los mandatos que dictó el Tribunal Constitucional en su sentencia de setiembre-2010 (Exp. 002-2010-PI/TC) que dispuso que el CAS era un régimen temporal para estar encuadrado en la Constitución, transicional hasta acceder a uno de los dos regímenes generales existentes, indicando además que el Estado debía regular un porcentaje de cuotas de contratación en todas sus entidades públicas como parte de un verdadero proceso de eliminación, todo esto lamentablemente no se ha cumplido y es  evidente que el haber concedido aguinaldos por Navidad y Fiestas Patrias no hace más que revelarnos que la verdadera intención del gobierno es hacer que el CAS (o su reemplazante RSC) siga siendo permanente. La indicación expresa que se ha hecho en el modificado artículo 3º del DL 1057, afirmando que el régimen del contrato administrativo de servicios es transitorio no es más que retórica pura.

Recordemos que el actual gobierno ha vendido la norma arrogándose la autoría de la incorporación de los derechos de seguro social de salud, jornada laboral de 8 horas, régimen pensionario y licencias por maternidad-paternidad, sin advertir que todos éstos ya habían sido incluidos en el primigenio DL 1057 y su respectivo reglamento (DS 075-2008-PCM) dados ambos en el 2008 (durante el mandato del gobierno anterior). La única novedad de la norma en realidad es el incremento de la indemnización por despido arbitrario de 2 a 3 remuneraciones, la misma que nunca se pagará mientras se mantenga al Vencimiento del Plazo de Contrato (ausente de motivación) como causal de extinción del contrato administrativo de servicios, siendo evidente que cualquier entidad estatal preferirá cursar una carta de “no renovación de contrato” antes que pagar una indemnización por despido a un servidor CAS. 

Así el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú –SINAMSSSOP, una vez más, asume la iniciativa y liderazgo en la defensa de los miles de trabajadores CAS afectados por este malévolo sistema, y anuncia la interposición de una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 29849 o Ley del mantenimiento del Contrato administrativo de servicios, para lo cual se encuentra en pleno proceso de recolección de firmas para reunir las 5 mil firmas necesarias para dicho propósito, con el fin de lograr la verdadera eliminación definitiva del CAS y así evitarle al gobierno un problema mayor. Esperemos que los magistrados del TC, esta vez, resuelvan con valentía e independencia.

(*) Abogado laboralista, promotor de la Inconstitucionalidad del CAS.
jesucarmo@hotmail.com  
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Este artículo fue publicado el día de ayer Domingo 16.04.12 en el diario EXPRESO. Aqui les adjunto el link:
http://www.expreso.com.pe/blog/tribuna-medica-66

domingo, 25 de marzo de 2012

EL CAS Y SU INCOMPATIBILIDAD CON LA FUNCIÓN MÉDICA

                             (*) Jesús Carrasco Mosquera
El reciente proyecto de Ley aprobado por el Congreso de la República, por el cual se ha pretendido eliminar el régimen del contrato administrativo de servicios-CAS, precisa la obligación de que en dicho sistema se labore bajo una jornada máxima de ocho (08) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales, autorizando la posibilidad de que este mismo régimen de contratación se siga aplicando en aquellas entidades en las que existe jornada laboral reducida por Ley especial, sin advertir que esta ciega aplicación genera una grave afectación al estatus laboral de aquellos grupos ocupacionales cuyas carreras públicas se rigen por ley propia.  
  
Es el caso de los profesionales de la salud, específicamente y solo por citar algunos ejemplos, los médicos  y odontólogos, cuyas carreras profesionales se regulan por leyes especiales (DL 559 y Ley 27878, respectivamente) que además de disponer el derecho a una jornada máxima de seis (06) horas diarias ó 36 horas semanales, incluyendo sus guardias, disponen también de manera expresa que su ingreso a la administración pública solo puede hacerse bajo la modalidad de un nombramiento en el régimen laboral público (DL 276) o a través de contrato a plazo indeterminado en el régimen de la actividad privada (DL 728), según sea la entidad en la que van a laborar, con el respectivo goce de todos sus derechos y beneficios. Es evidente que la aplicación del CAS en hospitales del Estado para contratar profesionales de la salud, resulta ilegal por cuanto va restringir los derechos ya señalados.

Otro elemento ignorado por la norma aprobada, es el derecho que tienen estos grupos ocupacionales al ejercicio de una Carrera Pública ascendente -talvez el único sector de la administración estatal donde si funciona este principio- por el cual médicos, odontólogos y químicos farmacéuticos sujetos a regímenes laborables estables pueden acceder a cargos de jerarquías, alta dirección y dirección ejecutiva, mediante concursos internos meritocráticos en los que evidentemente no pueden participar los profesionales CAS al no pertenecer a carrera pública alguna. Dicho esto en otras palabras, significa que un médico CAS nunca podrá asumir la dirección de su hospital y mucho menos la jefatura de su servicio, precisamente por la inestabilidad que le otorga el DL 1057 y la reciente noma aprobada por el Congreso.

Resulta lamentable ver a médicos CAS en los distintos hospitales del MINSA y EsSalud padeciendo desiguales remuneraciones a cambio de extenuantes jornadas de trabajo que en muchos casos superan las 190 horas mensuales (45 horas semanales), quienes no reciben bonificaciones por las guardias nocturnas efectuadas, ni se les entregan sus respectivos mandiles y uniformes para desarrollar su faena en consultorios y quirófanos, y a quienes se les niega su derecho a servirse del mismo refrigerio nocturno del cual gozan sus colegas estables en los comedores hospitalarios, todo ello por el solo hecho de ser trabajadores CAS, llegando al extremo de negarles el derecho de Lactancia Materna a aquellas doctoras que se atrevieron a iniciarse en la maternidad y que, a duras penas, se les otorgó su derecho al descanso pre y post natal.    

Un caso aparte es ESSALUD, entidad pública que desde el 01.01.11 pertenece a la Actividad Empresarial del Estado regulada por el Fondo Nacional de Financiamiento del Estado-FONAFE, en virtud a la Ley de Presupuesto de dicho año, y que desde esa fecha hasta la actualidad persiste en la masiva convocatoria y contratación de trabajadores vía contratación administrativa de servicios, pese a encontrarse expresamente prohibido por el artículo 2º del mismísimo DL 1057, que dispone que el CAS no es aplicable en las empresas del Estado sujetas al ámbito del FONAFE. Es decir, esta entidad no ha advertido o no quiere advertir que los contratos CAS a partir del año 2011 devienen en ilegales, y como tal deben ser dejados sin efecto y convertidos a contratos de plazo indeterminado bajo el régimen laboral privado – DL 728, que es el régimen natural por el cual se regula EsSalud.    

Tenemos así que el Congreso y Ejecutivo no han respetado un principio elemental del derecho constitucional, consistente en que una ley general no puede oponerse a una ley especial ni superponerse a ésta última, lo que implicaba que la norma aprobada por el Parlamento debió, cuando menos, excluir del ámbito del CAS a los profesionales de la salud quienes ya tienen una ley especial que regula su ingreso y permanencia en la carrera pública.

Es evidente que el CAS es incompatible con la función médica asistencial, siendo este cuestionamiento uno más de los tantos que existen para que el Presidente Humala observe la autógrafa de la norma y la devuelva al Congreso para una reflexión final y así aplicar los correctivos necesarios evitándole un daño mayor al Estado.
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Este artículo fue publicado el Domingo 25.03.12 en el diario EXPRESO:

BONUS TRACK-INVITACIÓN:
Se invita a todos los lectores de este humilde blog a sintonizar el día Martes 27.03.12 a horas 12am el programa radial que conduce la destacada periodista Rosa María Palacios en RADIO CAPITAL, donde se abordará la problemática del CAS y el actual panorama frente a la reciente norma modificatoria aprobada por el Congreso. Este servidor ha sido invitado a participar.

sábado, 17 de marzo de 2012

LA FALSA ELIMINACIÓN DEL CAS

            Por: Jesús Carrasco Mosquera
Hace unos meses, advertimos en esta misma columna (“¿Y qué hacemos con el CAS?”. Domingo 07.08.11), que la única solución para resolver la problemática del Contrato Administrativo de Servicios-CAS, pasaba por su derogación definitiva, el pase progresivo de los trabajadores a la planilla regular de cada entidad, y la eliminación de cualquier posibilidad de que este régimen se convirtiera en permanente, siendo ésta la única manera de acabar con el principal problema que aqueja a los miles de servidores contratados bajo esa modalidad, que es la constante exposición a ser despedidos en cualquier momento.

Dijimos también, en consonancia con la sentencia que obtuvimos del Tribunal Constitucional en Setiembre-2010 (Exp. 002-2010-PI/TC), que este régimen especial solo podía ser transitorio para encuadrarse en el marco de la constitucionalidad, y que la incorporación de algunos derechos adicionales solo lograría convertirlo en un régimen permanente, que a la larga generaría un mayor desorden en el Estado.

Pese a esto, el Congreso de la República ha terminado aprobando el 15.03.12 un proyecto de ley presentado meses atrás por el Ejecutivo y corregido a última hora por SERVIR y MINTRA, el mismo que plantea una “derogación progresiva” del CAS a partir del año 2013, condicionado a la sustitución de un novísimo Régimen del Servicio Civil, el cual no se indica en que va consistir ni se precisa en qué momento va regir. En otras palabras, se ha dispuesto la eliminación del CAS, pero al mismo tiempo se ha creado un nuevo régimen con las mismas características, solo que con distinto nombre. Es decir, más de lo mismo.

Y como para endulzar la norma y hacerla digerible en el parlamento, también se incorporaron algunos derechos como son, entre los únicos rescatables, la elevación de las vacaciones a 30 días y el otorgamiento de aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, lo que si bien en apariencia constituye un avance, en puridad no resuelva el problema de fondo, por el contrario, termina por convertirlo en un tercer régimen laboral de menor jerarquía, colaborando perniciosamente con el desorden que ya generaban la existencia de dos regímenes generales dentro del empleo público (DL 276 y DL 728), los que seguirán siendo aspiracionales y anhelables para cualquier sistema inferior a éstos.

Así, el Gobierno pretende vender la norma con la supuesta novedad de la incorporación de los derechos de seguro en Essalud, régimen pensionario y licencias por maternidad-paternidad, omitiendo mencionar que estos derechos ya estaban contemplados en el primigenio DL 1057 y su reglamento (DS 075-2008-PCM). Más aun, el incremento de la indemnización por despido arbitrario que hace la norma aprobada, al subirla de 2 a 3 remuneraciones, francamente constituye una tomadura de pelo, ya que este tipo de despido jamás se va producir mientras la norma mantenga al Vencimiento del Plazo de Contrato (ausente de motivación) como causal de extinción del contrato administrativo de servicios, siendo evidente que cualquier entidad estatal, antes de pagarle una indemnización a un servidor CAS, preferirá cursarle una carta de “no renovación de contrato” cuando tenga que deshacerse de sus servicios. 
      
Lo mismo sucede con el incorporado derecho a la Libertad Sindical conforme al DS 010-2003-TR (norma que desarrolla el ejercicio de la sindicalización solo para trabajadores del régimen laboral privado). Ejecutivo y Parlamento pecan de ingenuos al introducir un derecho de sindicalización y de huelga ausentes de una cláusula prohibitiva de despido por su ejercicio, tal como existen de manera expresa en los regímenes laborales público (DL 276) y privado (DL 728), cuyos trabajadores gozan del ejercicio de tales derechos sin ningún riesgo de ser despedidos. Es por ello que a la fecha estos derechos devienen en inoperantes para los servidores CAS, toda vez que en la práctica están imposibilitados de afiliarse a un sindicato o de sumarse a una huelga, porque al poco tiempo de hacerlo son despedidos bajo el manto de la no renovación contractual. El Congreso perdió una valiosa oportunidad para introducir esta garantía constitucional en la ley aprobada, y así asegurar el cabal ejercicio de estos derechos fundamentales y evitar más despidos por esta causa.   

Lamentablemente los legisladores oficialistas se compraron fácilmente la teoría del miedo presupuestario que les vendieron los ministros Castilla y Villena para evitar la derogación definitiva del CAS. Este último demostró ser un excelente vendedor de humo al inventarse la astronómica cifra de 4 mil millones de dólares como supuesto costo económico que hubiere generado una derogación automática y pase progresivo a las planillas, como planteaba el dictamen en mayoría de la comisión de trabajo del parlamento.

Nace así un nuevo régimen laboral que va terminar complicando aun más la ansiada reforma del empleo público, el mismo al que el Presidente Humala le dará la bienvenida con la respectiva promulgación, sin advertir que ello podría significar una bomba de tiempo.
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Este artículo fue publicado en el diario Expreso del domingo 18.03.12.
http://www.expreso.com.pe/blog/tribuna-medica-62
Adjunto algunos links con noticias relacionadas al tema:
http://diario16.pe/noticia/14834-trabajadores-cas-pueden-ser-despedidos-en-cualquier-momento
http://www.larepublica.pe/17-03-2012/fantasma-del-despido-ronda-en-los-trabajadores-cas