miércoles, 11 de diciembre de 2013

¿SALA PLENA DE JUECES O HUELGA DE MAGISTRADOS?


                                                                                         (*) Jesús Carrasco Mosquera
En nuestro país, se dice que estamos ante el ejercicio abusivo de un derecho cuando, quien goza de un derecho subjetivo hace un uso desmedido del mismo afectando el derecho de terceros. En palabras de uno de sus principales estudiosos, como lo es Carlos Fernández Sessarego, significa que la ley no ampara el ejercicio o la omisión abusivos de un derecho subjetivo cuando se afecta antisocialmente un legítimo interés de una o de un conjunto de personas, lo que habilita el deber del Estado de imponer una limitación[1]. Ese es el sentido de la última línea del Artículo 103º de la Constitución[2] en todos los casos, vivir en paz y ordenadamente.

Partiendo de esta premisa y a riesgo de ganarme la antipatía de muchos magistrados, me permito plantear como interrogante si en el actual contexto del ejercicio de la atribución de la conformación de Sala Plena de los jueces superiores e inferiores contenido en el Art. 93º de su Ley Orgánica del Poder Judicial, le confiere a su vez, el derecho de suspender sus labores jurisdiccionales indefinidamente (en evidente perjuicio de los miles de justiciables), y declararse en Sala Plena Permanente hasta que les resuelvan su reclamo remunerativo.   

Las continuas Salas Plenas de la Corte de Lima y de las demás distritos judiciales, se han convertido en la práctica, en una verdadera paralización de Magistrados, ya que todas las audiencias programadas y diligencias están suspendidas, no hay atención a litigantes ni abogados, los despachos de los jueces están vacíos, y lo más grave, es que el Estado les estaría pagando por una función que no se está prestando.

La simple aplicación del Principio de Primacía de la Realidad de las Hechos nos demuestra que no estamos ante una reunión de magistrados en Sala Plena, ya que a éstos cada vez más los vemos en las calles lanzando arengas, portando pancartas y hasta visitando poderes distintos al que pertenecen. Si hiciéramos una visita al lugar físico donde se realiza la tan mentada reunión, veremos que la gran mayoría de magistrados tampoco se encuentran allí. No cabe duda que nos encontramos ante una paralización de labores jurisdiccionales ilimitada y sin precedentes, que contraviene el texto expreso del Art. 153º de la Constitución[3], que prohíbe a los magistrados declararse en huelga.
   
Hasta las huelgas de trabajadores que prestan servicios esenciales, como por ejemplo los médicos, están sujetas a reglas básicas, como garantizar el funcionamiento de las Emergencias y UCIs, sin embargo en este caso, quienes diariamente visitamos los despachos judiciales, podemos apreciar como las audiencias de procesos por alimentos, procesos laborales de reposición de trabajadores despedidos, y hasta reclamos de pensionistas (mayores de 75 años) se vienen suspendiendo sin contemplación alguna, ni que decir de los miles de procesos penales que se exponen al candado de la prescripción. Aquí no hay ningún límite y mucho menos autorregulación.

Todo ello nos obliga a plantear, desde esta humilde tribuna, la necesidad de que el Estado (vía Congreso de la República o Tribunal Constitucional en vía de Amparo) imponga límites al ejercicio de la atribución de la Sala Plena, la misma que si bien es una atribución constitucional, no resulta ser absoluta, ya que el propio TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 94º, claramente indica que ésta se convoca para fines estrictamente administrativos determinados en la misma norma[4], por tanto si la convocatoria del presidente no tiene dicha finalidad ni se enmarca en esos supuestos, no puede constituir Sala Plena, y en todo caso, tales reuniones deben realizarse fuera del horario jurisdiccional y sin afectar la agenda judicial, de lo contrario, se configuraría una muy probable Inconducta Funcional en masa que no puede ser soslayada. 

Los jueces no pueden abdicar de su función constitucional de administrar justicia, aun cuando sus reclamos remunerativos puedan ser justos, y la competencia natural para canalizar estos reclamos es a través de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, órgano máximo de deliberación del Poder Judicial, para que ésta, de Poder a Poder se avoque a resolver dicha problemática. La administración de justicia no debe parar.




(*) Abogado constitucionalista
El presente artículo fue publicado en el diario Expreso del Lunes 16.12.13: http://www.expreso.com.pe/blog/tribuna-libre-665. También fue publicado con mayor análisis y desarrollo en la revista jurídica LA LEY de Thomson Reuters (Ex Caballero Bustamante) de Febrero-2014, bajo el título ¿SALA PLENA O HUELGA DE JUECES? TAREAS PENDIENTES DESPUÉS DE LA LEY 30125
[1] FERNANDEZ SESSAREGO, Carlos. La Constitución Comentada, Gaceta Jurídica 2006. Tomo II, Pag. 172
[2] Constitución Política del Estado
Artículo 103.- Leyes especiales, irretroactividad, derogación y abuso del derecho
(…)
La Constitución no ampara el abuso del derecho.
[3] Artículo 153.- Prohibición a Jueces y Fiscales
Los jueces y fiscales están prohibidos de participar en política, de sindicarse y de declararse en huelga.
[4] Ley Orgánica del Poder Judicial
 Artículo 94.- Atribuciones.
Son atribuciones de la Sala Plena de la Corte Superior:
                1.- Asumir las funciones del Consejo Ejecutivo Distrital, cuando no exista éste;
2.- Elevar a la Corte Suprema las propuestas de ley que elabore y, con informe, las que eleven los Jueces Especializados y de Paz Letrados, conforme a ley;
                3.- Designar al Vocal Jefe de la Oficina Distrital de Control de la Magistratura, cuando sea procedente;
4.- Dar cuenta al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial las deficiencias en el funcionamiento del Consejo Ejecutivo Distrital;
                5.- Nombrar y remover al Síndico Departamental de Quiebras;
6.- Conocer en última instancia las medidas disciplinarias que se aplican por los Jueces Especializados o Mixtos y en su caso por los Jueces de Paz Letrados a los funcionarios y Auxiliares de justicia, conforme a esta Ley y el Reglamento; y,    

jueves, 6 de junio de 2013

LA URGENTE NECESIDAD DE UN NUEVO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (A propósito de la última sentencia contra la Ley 29849, Ley de Eliminación Progresiva del CAS)

                                                                                           (*) Jesús Carrasco Mosquera      
La reciente sentencia dictada por el Tribunal Constitucional[1] en el proceso de inconstitucionalidad contra la Ley 29849 (Ley de Eliminación Progresiva del CAS – DL 1057) promovido por el Colegio de Abogados de Puno (Exp. 0014-2012-PI/TC)[2], nos revela que la ausencia de predictibilidad de las sentencias en la administración de Justicia es un problema que también alcanzó a nuestro máximo “Guardián de la Constitución y Defensor de los Derechos Fundamentales”. Veamos las razones.

En el referido fallo, se resuelve declarar infundada la demanda interpuesta y concluye en confirmar la constitucionalidad de la Ley 29849 (ratificando la validez constitucional del régimen de Contratación Administrativa de Servicios – CAS), no obstante que esta norma, en los hechos, perpetúa a dicho sistema, y pese a que este Tribunal Constitucional con el mismo colegiado, hacía tres (03) años atrás en la sentencia recaída en el Exp. 002-2010-PI/TC[3],  sostuvo que el CAS solo podría ser temporal y transicional para estar enmarcado dentro de la Constitución. Paradójicamente hoy no solo avala, tácitamente, dicha perennización del contrato, sino que olvidándose de las críticas que hiciera al mismo sistema, termina otorgándole la bendición constitucional al retardo injustificado del Estado en implementar su eliminación.   

Efectivamente, si bien en el anterior fallo de Setiembre-2010 también se confirmó la constitucionalidad del DL 1057 (Ley que creó el Contrato Administrativo de Servicios), el TC atendiendo a nuestro pedido expidió una sentencia interpretativa en la que reinterpretó al CAS como un régimen de contratación especial de indiscutible naturaleza laboral, y al mismo tiempo decretó que éste debía ser temporal a fin de no desnaturalizar el principio de especialidad al que debe contraerse todo régimen especial de contratación, por lo que impuso al Estado en el punto resolutivo tres[4] de dicha sentencia, la obligación de regular un porcentaje de cuotas de contratación en todas sus entidades públicas a fin de establecer límites a dicho sistema, con el propósito de evitar el ejercicio abusivo de este contrato por el Gobierno y como parte de un verdadero proceso de eliminación del sistema.

Empero, el citado mandato nunca fue cumplido por el Estado (ni por el actual gobierno, ni por el anterior), mas por el contrario fue desafiado al aumentarse indiscriminadamente a 188,393 trabajadores CAS, siendo ésta casi la única modalidad contractual por la que se contrata hoy en día en el sector público, y al promulgarse la Ley 29849, que perniciosamente extendió la vigencia del Contrato Administrativo de Servicios hasta el presente año 2013 (sin precisar en qué mes empezaría a eliminarse), se condicionó su eliminación a partir de la implementación del Régimen del Servicio Civil-RSC[5], el cual hasta la fecha no se ha debatido en el Congreso de la República y no cuenta con recursos asignados para su implementación en la Ley de Presupuesto del presente año 2013, es decir se trata de un régimen de reemplazo “jurídicamente inexistente”, conforme lo reconoció expresamente el propio colegiado en su reciente sentencia[6].

Así las cosas, la admitida afectación al tercer párrafo del Art. 23º de la Constitución[7] que hace el TC en sus dos sentencias, hasta la fecha no ha sido justificada por el Estado, lo que obligaba al actual colegiado a reconocer la inconstitucionalidad de la Ley 29849, no solo por la inexistencia del régimen que reemplazaría al CAS en ese ofertado proceso de eliminación, sino además porque incumplía sus propios mandatos contenidos en su sentencia de Setiembre-2010, o en su defecto, lo obligaba ha asumir, cuando menos, una posición crítica frente al gobierno precisamente por haber hecho caso omiso de sus disposiciones, sin embargo se conformó con la mera declaración lírica del legislador positivo de que dicho sistema contractual sería eliminado, aun cuando éste no presentaba credenciales que demostraran que dicho proceso, en efecto, se venía cumpliendo. 

Es por ello que nos llama la atención que la sentencia que en estas líneas comentamos haya sido suscrita, sin reserva alguna, por el magistrado Gerardo Eto Cruz, quien en un arrojado voto singular dictado en Abril de 2011 en la sentencia recaída en un segundo proceso de inconstitucionalidad contra el DL 1057 (Exp. 0010-2010-PI/TC, interpuesto por 7,393 ciudadanos)[8] y apartándose de la decisión de sus colegas, sentenció que el CAS era un régimen de disminución de derechos laborales que alentaba una situación de discriminación en los trabajadores del sector público[9], y que solo podía tolerarse constitucionalmente en la medida que fuera esencialmente transitorio, es decir necesariamente momentáneo, y en la medida que el Estado justifique y demuestre en autos, atendiendo al Principio de Progresividad de los Derechos Sociales, que dicha situación jurídica de diferenciación entre trabajadores sería superada prontamente con los máximos esfuerzos en la asignación de los recursos en el Presupuesto de la República, obligación que a criterio de este magistrado, no se cumplió por parte del Estado en ninguno de dichos procesos[10].

Curiosamente, esta misma omisión estatal ha sido advertida por el propio TC en el proceso constitucional que originó la sentencia objeto de comento, y no ha merecido la misma postura de años atrás del magistrado discrepante, sino tan solo un inédito y tibio “recordatorio” del Pleno en su conjunto dirigido al Congreso de la República para que dicte la legislación que implemente el nuevo RSC, absteniéndose de dirigirse a quien correspondía, es decir al Ejecutivo para que habilite y disponga los recursos necesarios para la ejecución de dichas normas.

Esta evidente contradicción de criterios en un mismo colegiado del TC y la abdicación de su obligación de exigir al Gobierno el cumplimiento de sus mandatos, destapa una vez más, el gran problema de fondo que subsiste en el máximo órgano de interpretación de la Constitución, que es la transitoriedad de sus jueces, como consecuencia de la caducidad de sus mandatos constitucionales. No es poca cosa tener un Tribunal Constitucional con cinco (05) de sus miembros despachando con mandato vencido[11], y con la aparente intención de mantenerse bajo esa misma circunstancia[12], sin mostrar preocupación o rubor algunos por la lenidad del Congreso de la República en designar a sus reemplazos. Un simple análisis a partir de la Constitución nos dice que si bien el Art. 10º de la Ley Orgánica del TC permite la permanencia en sus cargos, resulta claro que el incumplimiento al plazo de cinco (05) años que impone el Art. 201º de la Carta Magna termina deslegitimando dicha continuidad.

Lamentablemente, el buen ejemplo que nos ha dejado el ex magistrado Ricardo Beaumont Callirgos con su renuncia al pleno del TC por vencimiento de su mandato, no ha sido replicado por sus antiguos compañeros, decisión complicada para quienes no tienen una verdadera vocación constitucional, y tampoco ha inspirado esa natural independencia que debe mostrar, siempre, un Tribunal Constitucional, ante el gobierno de turno.
(*)Abogado constitucionalista, promotor de la Inconstitucionalidad del CAS.
_____________________________________ 
Este artículo fue publicado el Jueves 06.06.13 en la Revista jurídica Newsletter de Thomsosn Reuters - Perú (Caballero Bustamante, Lima año 01 Nº 09) bajo el título TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS, cuya suscripción y lectura os recomiendo.

[1] Colegiado integrado por los magistrados  Urviola Hani, Mesía Ramírez, Vergara Gotelli, Alvarez Miranda, Calle Hayen y Eto Cruz.
[2] Sentencia publicada el Martes 21 de mayo de 2013 en la página web del TC (www.tc.gob.pe).
[3] Sentencia publicada el 12 de Setiembre de 2010 en página web (www.tc.gob.pe), en la acción de inconstitucionalidad promovida por 5,000 ciudadanos contra el DL 1057 (Ley que crea el CAS).
[4]  Se resuelve:
(…)
“3. Disponer que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo dicte la legislación que considere necesaria para regular los aspectos detallados en el fundamento 48 de la presente resolución, en un plazo que no exceda del 31 de diciembre de 2010.”
[5] Sobre el novísimo Régimen del Servicio Civil-RSC hasta la fecha sólo se tiene un proyecto de ley con más sombras que luces. La Ley 29849 no precisó en que consistiría o cual sería su forma de acceso, es decir anunció la creación de un nuevo régimen de contratación ausente de contenido y de una mínima regulación legal, lo que Jesús Carrasco Mosquera resumió que “del CAS pasaríamos a un régimen cascaron”. Ver columna del diario Expreso del día 15.04.12 “Del CAS al CASCARON.
[6] Ver fundamento jurídico 19 de la sentencia (Exp. 0014-2012-PI/TC)
[7] Constitución Política del Estado
Artículo 23º.-
(…)
Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.”
[8] Sentencia publicada el 20.04.11 en página web del TC: www.tc.gob.pe
[9] Ver fundamento 16 del voto singular de Eto Cruz en Exp. 0010-2010-PI/TC.
[10] Ver fundamento 17 del voto singular de Eto Cruz en Exp. 0010-2010-PI/TC
" (...) Al no haberse realizado tal examen ni haber demostrado el Estado la constitucionalidad de la diferenciación, sólo podía caber la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto Legislativo Nº 1057. (Negrita es nuestra).
[11] Magistrados con más de cinco (05) años en el TC, en orden de antigüedad: Juan Vergara Gotelli, Carlos Mesía Ramírez, Gerardo Eto Cruz, Ernesto Alvarez Miranda y Fernando Calle Hayen. 
[12] La reciente expedición de la Resolución Administrativa Nº 064-2013-PI/TC de fecha 30.04.13, por la que el Pleno del TC rechazar la renuncia formulada por el Dr. Ricardo Beaumont Callirgos por el vencimiento de su mandato, y la posterior emisión de la Resolución Administrativa Nº 066-2013-P/TC de fecha 03.05.13 expedida por su presidente, Dr. Oscar Urviola Hani, de declarar la vacancia del renunciante magistrado nos revela la Cuestión de Estado que adopta el Pleno, respecto de la continuidad en sus cargos hasta que el Congreso elija a sus reemplazantes.