miércoles, 11 de diciembre de 2013

¿SALA PLENA DE JUECES O HUELGA DE MAGISTRADOS?


                                                                                         (*) Jesús Carrasco Mosquera
En nuestro país, se dice que estamos ante el ejercicio abusivo de un derecho cuando, quien goza de un derecho subjetivo hace un uso desmedido del mismo afectando el derecho de terceros. En palabras de uno de sus principales estudiosos, como lo es Carlos Fernández Sessarego, significa que la ley no ampara el ejercicio o la omisión abusivos de un derecho subjetivo cuando se afecta antisocialmente un legítimo interés de una o de un conjunto de personas, lo que habilita el deber del Estado de imponer una limitación[1]. Ese es el sentido de la última línea del Artículo 103º de la Constitución[2] en todos los casos, vivir en paz y ordenadamente.

Partiendo de esta premisa y a riesgo de ganarme la antipatía de muchos magistrados, me permito plantear como interrogante si en el actual contexto del ejercicio de la atribución de la conformación de Sala Plena de los jueces superiores e inferiores contenido en el Art. 93º de su Ley Orgánica del Poder Judicial, le confiere a su vez, el derecho de suspender sus labores jurisdiccionales indefinidamente (en evidente perjuicio de los miles de justiciables), y declararse en Sala Plena Permanente hasta que les resuelvan su reclamo remunerativo.   

Las continuas Salas Plenas de la Corte de Lima y de las demás distritos judiciales, se han convertido en la práctica, en una verdadera paralización de Magistrados, ya que todas las audiencias programadas y diligencias están suspendidas, no hay atención a litigantes ni abogados, los despachos de los jueces están vacíos, y lo más grave, es que el Estado les estaría pagando por una función que no se está prestando.

La simple aplicación del Principio de Primacía de la Realidad de las Hechos nos demuestra que no estamos ante una reunión de magistrados en Sala Plena, ya que a éstos cada vez más los vemos en las calles lanzando arengas, portando pancartas y hasta visitando poderes distintos al que pertenecen. Si hiciéramos una visita al lugar físico donde se realiza la tan mentada reunión, veremos que la gran mayoría de magistrados tampoco se encuentran allí. No cabe duda que nos encontramos ante una paralización de labores jurisdiccionales ilimitada y sin precedentes, que contraviene el texto expreso del Art. 153º de la Constitución[3], que prohíbe a los magistrados declararse en huelga.
   
Hasta las huelgas de trabajadores que prestan servicios esenciales, como por ejemplo los médicos, están sujetas a reglas básicas, como garantizar el funcionamiento de las Emergencias y UCIs, sin embargo en este caso, quienes diariamente visitamos los despachos judiciales, podemos apreciar como las audiencias de procesos por alimentos, procesos laborales de reposición de trabajadores despedidos, y hasta reclamos de pensionistas (mayores de 75 años) se vienen suspendiendo sin contemplación alguna, ni que decir de los miles de procesos penales que se exponen al candado de la prescripción. Aquí no hay ningún límite y mucho menos autorregulación.

Todo ello nos obliga a plantear, desde esta humilde tribuna, la necesidad de que el Estado (vía Congreso de la República o Tribunal Constitucional en vía de Amparo) imponga límites al ejercicio de la atribución de la Sala Plena, la misma que si bien es una atribución constitucional, no resulta ser absoluta, ya que el propio TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 94º, claramente indica que ésta se convoca para fines estrictamente administrativos determinados en la misma norma[4], por tanto si la convocatoria del presidente no tiene dicha finalidad ni se enmarca en esos supuestos, no puede constituir Sala Plena, y en todo caso, tales reuniones deben realizarse fuera del horario jurisdiccional y sin afectar la agenda judicial, de lo contrario, se configuraría una muy probable Inconducta Funcional en masa que no puede ser soslayada. 

Los jueces no pueden abdicar de su función constitucional de administrar justicia, aun cuando sus reclamos remunerativos puedan ser justos, y la competencia natural para canalizar estos reclamos es a través de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, órgano máximo de deliberación del Poder Judicial, para que ésta, de Poder a Poder se avoque a resolver dicha problemática. La administración de justicia no debe parar.




(*) Abogado constitucionalista
El presente artículo fue publicado en el diario Expreso del Lunes 16.12.13: http://www.expreso.com.pe/blog/tribuna-libre-665. También fue publicado con mayor análisis y desarrollo en la revista jurídica LA LEY de Thomson Reuters (Ex Caballero Bustamante) de Febrero-2014, bajo el título ¿SALA PLENA O HUELGA DE JUECES? TAREAS PENDIENTES DESPUÉS DE LA LEY 30125
[1] FERNANDEZ SESSAREGO, Carlos. La Constitución Comentada, Gaceta Jurídica 2006. Tomo II, Pag. 172
[2] Constitución Política del Estado
Artículo 103.- Leyes especiales, irretroactividad, derogación y abuso del derecho
(…)
La Constitución no ampara el abuso del derecho.
[3] Artículo 153.- Prohibición a Jueces y Fiscales
Los jueces y fiscales están prohibidos de participar en política, de sindicarse y de declararse en huelga.
[4] Ley Orgánica del Poder Judicial
 Artículo 94.- Atribuciones.
Son atribuciones de la Sala Plena de la Corte Superior:
                1.- Asumir las funciones del Consejo Ejecutivo Distrital, cuando no exista éste;
2.- Elevar a la Corte Suprema las propuestas de ley que elabore y, con informe, las que eleven los Jueces Especializados y de Paz Letrados, conforme a ley;
                3.- Designar al Vocal Jefe de la Oficina Distrital de Control de la Magistratura, cuando sea procedente;
4.- Dar cuenta al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial las deficiencias en el funcionamiento del Consejo Ejecutivo Distrital;
                5.- Nombrar y remover al Síndico Departamental de Quiebras;
6.- Conocer en última instancia las medidas disciplinarias que se aplican por los Jueces Especializados o Mixtos y en su caso por los Jueces de Paz Letrados a los funcionarios y Auxiliares de justicia, conforme a esta Ley y el Reglamento; y,