miércoles, 10 de diciembre de 2014

EL RETO DEL TC ANTE LA LEY SERVIR

                                             (*) Jesús Carrasco Mosquera
jesucarmo@hotmail.com

El pasado viernes 28.11.14, se llevó a cabo en la sede arequipeña del Tribunal Constitucional, la audiencia pública respecto a las acciones de inconstitucionalidad contra la Ley 30057, Ley del Servicio Civil (régimen que reemplazaría al CAS). El debate entre las partes, además de desnudar que el Estado no exhibe garantías suficientes para implementar dicho régimen sin afectar a los servidores, sirvió también para advertir con preocupación que el malévolo régimen CAS, en buena cuenta solo cambia de nombre. Aquí, algunos de las principales razones por los que debe declararse inconstitucional:  

La Ley Servir, al regular un único y exclusivo régimen laboral para todo el sector estatal, ha modificado sendas leyes orgánicas que regulaban el régimen laboral de trabajadores de entidades autónomas, lo que configura una transgresión del Art. 106º de la Constitución, toda vez que una ley ordinaria (aprobada con mayoría simple) no puede modificar leyes orgánicas que requieren mayoría calificada.

En cuanto al tema de fondo, la Ley Servir en su propósito de introducir una nueva carrera pública basada en la meritocracia para “todo” el Estado, ha exceptuado de su alcance a entidades tales como: BCR, SBS, SUNAT, Parlamento, Contraloría, Etc, constituyendo una casta privilegiada de trabajadores sin exponer una sola justificación, lo que termina generando un intolerable trato discriminatorio en la aplicación de la ley, agravando las desigualdades ya existentes en el sector estatal, lo que transgrede el Principio de no discriminación, previsto en los Arts. 2º Inc. 2) y 26º Inc. 1) de la Constitución.   

De otro lado, la Ley SERVIR no puede implementarse despojando a sus beneficiarios del derecho constitucional a la negociación colectiva en materia económica, disminuyéndolos a discutir solo condiciones de trabajo, ello resulta transgresor del Art. 28º de la Constitución, no resultando una limitación constitucional válida, habida cuenta que existen sendos convenios internacionales de OIT, de los que el Perú es parte, que consagran este derecho para los trabajadores del sector público. Mantener esa restricción terminaría vaciando de contenido al referido artículo constitucional, y desconociendo los compromisos supranacionales del Estado.

Otro aspecto que el actual TC no debe dejar de observar, es que en el anterior proceso de inconstitucionalidad contra el DL 1057 (Exp. 002-2010-PI/TC), el anterior TC decretó en el año 2010, que el régimen CAS debía ser temporal a fin de encuadrarse en la Constitución, imponiendo al Estado la obligación de regular un porcentaje de cuotas de contratación en todas sus entidades a fin de establecer límites a dicho sistema con el propósito de evitar el ejercicio abusivo de este contrato y como parte de un verdadero proceso de eliminación del sistema, mandato que no se cumple con la Ley Servir, por el contrario termina perpetuando a ese mismo modelo contractual.

Esperemos que el Tribunal Constitucional entienda el reto que la sociedad le demanda, y opte por una verdadera solución al problema de fondo, derogando la Ley 30057 y devolviéndola al Parlamento para una nueva discusión, que no solo recoja los planteamientos del Ejecutivo, sino también de los trabajadores estatales, quienes no se oponen a las evaluaciones y a una carrera pública basada en la meritocracia, empero que exigen que ésta sea realmente aplicada para todos sin excepción.

(*) Abogado laboralista
Este artículo saldrá publicado en el diario Expreso del próximo domingo 14.12.14, como Tribuna Libre.

lunes, 14 de julio de 2014

EL ESTADO ANTE LA HUELGA DE ENFERMERAS

            (*) Jesús Carrasco Mosquera

Toda huelga que se respete responde a una estrategia jurídica, tanto desde su convocatoria, su desarrollo y, por supuesto su solución. Una buena estrategia jurídica, permitirá definir al sindicato que debe reclamar en su  plataforma de lucha, y si es jurídicamente posible obtenerla, es decir si lo que reclama no se encuentra prohibido legislativamente. Aquella huelga que reclame mejoras que requieren de modificación legislativa, difícilmente tendrá un buen futuro y lo único que conseguirá serán perjuicios a la sociedad y a la propia institución gremial. Tal parece ser el caso de la actual huelga de enfermeras de EsSalud, gremio enfrascado en reclamarle a su empleador una homologación remunerativa con la profesión médica, la misma que requiere ser debatida y aprobada, previamente, por el Parlamento.

Sin embargo, pese a la intransigencia de las enfermeras y a la imposibilidad jurídica de su reclamo, EsSalud pretende negociar eternamente el cese de su protesta, sin tomar en cuenta que se trata de un sindicato que brinda y/o atiende un servicio esencial como la salud, resultando ineludible la aplicación del Artículo 68º de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, norma que habilita al Ministerio de Trabajo a intervenir definitivamente mediante un Arbitraje Obligatorio cuando la huelga se prolonga excesivamente en el tiempo y afecta la prestación del servicio básico que brinda, intervención que pondría fin al conflicto y es inimpugnable. Es evidente que el Estado no puede permanecer impávido ante una huelga que suspende las cirugías electivas a nivel nacional, poniendo en riesgo la vida y la salud de miles de pacientes diariamente.

Aun mas, las enfermeras han transgredido los propios límites internos que le impone la ley para desarrollar su medida de fuerza (actuar en forma pacífica), al haber cometido actos de violencia, tales como haber bloqueado la pista exclusiva del Metropolitano en Lima y toma de algunos hospitales, todo lo cual habilita al Estado a la obligatoria aplicación de la solución forzosa prevista en la precitada norma en conformidad con la Directiva Nº 005-2012-MTPE. Si bien la huelga es un derecho constitucional, la propia Constitución limita su ejercicio al interés público.

La Dra. Virginia Baffigo debe entender que resulta ilegal imponer servicios mínimos post inicio de huelga, y mas aun, el anunciado despido de trabajadores en este contexto se encuentra reñido por la Constitución y la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, antes bien debe agotar las etapas resolutivas que la ley establece para proceder a dichas medidas extremas, siendo la última de ellas precisamente la expedición del laudo arbitral obligatorio. Persistir en lo anunciado, solo generaría mayor cohesión e intransigencia de las dirigentes, además de la continuidad de la protesta.
 
Ciertamente, el pretender extender más de la cuenta una huelga y/o radicalizarla, cuando ya se tiene una propuesta económica concreta, como la que ya recibieron las enfermeras, resulta irresponsable y las debería exponer inexorablemente a la aplicación del citado arbitraje obligatorio, con el riesgo de que reciban por debajo de lo ofertado. Siempre debe tenerse en cuenta que no por muy larga que sea una huelga, ésta será exitosa. El gobierno tiene la última palabra
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(*) Abogado laboralista.
El presente artículo ha sido publicado en el diario Expreso en su edición del Lunes 14.07.14 (Pag. 12): http://www.expreso.com.pe/blog/tribuna-libre-796