lunes, 14 de julio de 2014

EL ESTADO ANTE LA HUELGA DE ENFERMERAS

            (*) Jesús Carrasco Mosquera

Toda huelga que se respete responde a una estrategia jurídica, tanto desde su convocatoria, su desarrollo y, por supuesto su solución. Una buena estrategia jurídica, permitirá definir al sindicato que debe reclamar en su  plataforma de lucha, y si es jurídicamente posible obtenerla, es decir si lo que reclama no se encuentra prohibido legislativamente. Aquella huelga que reclame mejoras que requieren de modificación legislativa, difícilmente tendrá un buen futuro y lo único que conseguirá serán perjuicios a la sociedad y a la propia institución gremial. Tal parece ser el caso de la actual huelga de enfermeras de EsSalud, gremio enfrascado en reclamarle a su empleador una homologación remunerativa con la profesión médica, la misma que requiere ser debatida y aprobada, previamente, por el Parlamento.

Sin embargo, pese a la intransigencia de las enfermeras y a la imposibilidad jurídica de su reclamo, EsSalud pretende negociar eternamente el cese de su protesta, sin tomar en cuenta que se trata de un sindicato que brinda y/o atiende un servicio esencial como la salud, resultando ineludible la aplicación del Artículo 68º de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, norma que habilita al Ministerio de Trabajo a intervenir definitivamente mediante un Arbitraje Obligatorio cuando la huelga se prolonga excesivamente en el tiempo y afecta la prestación del servicio básico que brinda, intervención que pondría fin al conflicto y es inimpugnable. Es evidente que el Estado no puede permanecer impávido ante una huelga que suspende las cirugías electivas a nivel nacional, poniendo en riesgo la vida y la salud de miles de pacientes diariamente.

Aun mas, las enfermeras han transgredido los propios límites internos que le impone la ley para desarrollar su medida de fuerza (actuar en forma pacífica), al haber cometido actos de violencia, tales como haber bloqueado la pista exclusiva del Metropolitano en Lima y toma de algunos hospitales, todo lo cual habilita al Estado a la obligatoria aplicación de la solución forzosa prevista en la precitada norma en conformidad con la Directiva Nº 005-2012-MTPE. Si bien la huelga es un derecho constitucional, la propia Constitución limita su ejercicio al interés público.

La Dra. Virginia Baffigo debe entender que resulta ilegal imponer servicios mínimos post inicio de huelga, y mas aun, el anunciado despido de trabajadores en este contexto se encuentra reñido por la Constitución y la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, antes bien debe agotar las etapas resolutivas que la ley establece para proceder a dichas medidas extremas, siendo la última de ellas precisamente la expedición del laudo arbitral obligatorio. Persistir en lo anunciado, solo generaría mayor cohesión e intransigencia de las dirigentes, además de la continuidad de la protesta.
 
Ciertamente, el pretender extender más de la cuenta una huelga y/o radicalizarla, cuando ya se tiene una propuesta económica concreta, como la que ya recibieron las enfermeras, resulta irresponsable y las debería exponer inexorablemente a la aplicación del citado arbitraje obligatorio, con el riesgo de que reciban por debajo de lo ofertado. Siempre debe tenerse en cuenta que no por muy larga que sea una huelga, ésta será exitosa. El gobierno tiene la última palabra
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(*) Abogado laboralista.
El presente artículo ha sido publicado en el diario Expreso en su edición del Lunes 14.07.14 (Pag. 12): http://www.expreso.com.pe/blog/tribuna-libre-796